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EEUU: CIDH EXPRESA PREOCUPACIÓN POR DECRETO 1097 EN PERÚ

Escrito por derechoalaverdad 10-09-2010 en General. Comentarios (0)

 


Washington, D.C., 9 de septiembre de 2010 – La Comisión Interamericanade Derechos Humanos (CIDH) expresa su preocupación por la adopción en Perú delDecreto Legislativo No. 1097.


  De acuerdo con la información recibida, el decreto, adoptado el 31 de agosto de 2010, regula la aplicación de normas procesales por delitos que implican violación de derechos humanos. El artículo 6 contempla la posibilidad de que el Poder Judicial dicte una “resolución de sobreseimiento parcial en favor de todos los encausados que hayan sufrido el exceso de plazo de la investigación”. La información disponible sugiere que estas y otras disposiciones del Decreto Legislativo Nº1097 podrían implicar serios obstaculos para la persecución de casos que involucran delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra y graves violaciones a derechos humanos, algunos de los cuales han sido objeto de pronunciamientos por parte de la Comisión y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.


  La Comisión Interamericana ha señalado reiteradamente que la falta de investigación y sanción en casos de graves violaciones a los derechos humanos es incompatible con la Convención Americana sobre Derechos Humanos, de la cual Perú es parte desde el 28 de juliode 1978. En el mismo sentido, en la sentencia dictada en 2001 sobre el caso Barrios Altos contra Perú, la Corte Interamericana de Derechos Humanos expresó que “son inadmisibles las disposiciones de amnistía, las disposiciones de prescripción y el establecimiento de excluyentes de responsabilidad que pretendan impedir la investigación y sanción de los responsables de las violaciones graves de los derechos humanos”. Por otra parte, la CIDH ha sostenido que la impunidad respecto de casos de delitos de lesa humanidad propicia la repetición de actividades contrarias a la democracia y a los derechos humanos.


  En este sentido, preocupa a la CIDH la posibilidad de que en virtud de este decreto queden en la impunidad cientos de casos de violaciones graves a los derechos humanos ocurridos durante el conflicto armado que atravesó Perú en las décadas de 1980 y 1990. En especial, teniendo en cuenta que la sociedad civil y la Defensoríadel Pueblo de Perú han planteado reiteradamente que el Poder Ejecutivo  ha obstruidoel avance de estos juicios. Entre otras cosas, han alegado que el Estado no ha asignado suficientes recursos a las Fiscalías para procesar estos casos, y que órganos vinculados al Poder Ejecutivo, en especial el Ministerio de Defensa, se han negado a entregar información, incluso en casos en que les fue requerida judicialmente.


  Por lo anterior, la Comisión Interamericana insta a las autoridades de Perú a adoptar las medidas necesarias para que las violaciones a los derechos humanos no permanezcan en la impunidad, en particular, teniendo en cuenta las obligaciones del Estado a la luz de los tratados internacionales en la materia.


La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA),  cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y  de la Convención  Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia de los derechos humanos en la región  y  actúa como órgano consultivo de la OEA  en la materia. La CIDH  está integrada por siete miembros independientes que son  elegidos por la Asamblea General  de la OEA a título personal,  y no representan  sus países de origen  o residencia.

 






PERU: ARZOBISPOS RESPALDAN DERECHO A LA VIDA FRENTE A EXPEDICION DE NORMA 1097

Escrito por derechoalaverdad 10-09-2010 en General. Comentarios (0)




Lima-Perú: 09/09/2010.

Fuente: Diario La República.-

Ante el debate suscitado por la expedición de los Decretos Legislativos 1094 al 1097 y buscando que la verdad y la justicia sean los valores que iluminen el desarrollo de nuestra sociedad en la que el derecho a la vida se respete siempre como anterior y primero, la Conferencia Episcopal hace la siguiente invocación:


1.El derecho fundamental a la vida es anterior a todo otro derecho, forma parte del Derecho Divino y del Derecho Natural, y es inherente a toda persona humana. Este Derecho está expresado en el mandamiento divino “no matarás” que garantizando solo el cuidado de la vida humana, sino la protección que la sociedad y el Estado tienen obligación de garantizar para posibilitar una sana convivencia y su propia organización en orden al bien común.

2.La sociedad en su conjunto repudia todo acto que violente el derecho fundamental a la vida y exige del Estado, la aplicación de sanciones ejemplares contra todo el que atente contra ella. El Génesis nos recuerda cómo Dios le dice a Caín “la sangre de tu hermano clama hacia mi” (Gen. 4,10). Las normas penales y procesales no deben escapar de este contexto.

3.Las instituciones del Estado deben garantizar el efectivo respeto de toda vida, tanto la de la víctima, como de la del agresor; pues ambas tienen igual valor. Sin embargo, la sociedad debe defenderse de toda agresión que vulnera la vida humana.

4.Si bien es cierto, la vida del agresor merece respeto, esto no debe traducirse ni entenderse como actos o situaciones que lleven a la impunidad de los delitos, más cuando se trata de delitos contra la vida misma y con la gravedad que revisten los delitos de lesa humanidad.

5.Así lo reconoce la comunidad internacional de la que el Perú forma parte y por lo que ha suscrito la Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad. Por ello nuestra normatividad y los fallos judiciales no se pueden apartar de este reconocimiento sin caer en el grave peligro de la impunidad, que se traduciría en un hecho atentatorio contra la sociedad misma, su orden y organización y el derecho a la vida.

6.Debe tenerse especial cuidado de no equiparar los delitos de lesa humanidad a otros delitos de menor gravedad porque significaría disminuir el juicio de valor sobre actos atentatorios contra la vida que por su especial gravedad deben siempre ser tratados con esmerada atención.

7.La imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad reconocida por el Perú, constituye el reconocimiento jurídico de la garantía que el Estado Peruano le debe a la sociedad en la aplicación de la debida sanción a este tipo de delitos y en la defensa al derecho a la vida y a su integridad como principio fundamental de todo el orden normativo del Perú, tal como lo prescriben los artículos 1 y 2 de nuestra Constitución Política. Compromiso que antes de ser jurídico es un compromiso ético y moral.

8.Finalmente es necesario recordar que el Papa Juan Pablo II dijo: “El perdón, lejos de excluir la búsqueda de la verdad, la exige. El mal hecho debe ser reconocido y, en lo posible, reparado…” (mensaje por la Paz, 01 de Enero de1997). En este contexto, invocamos a las autoridades competentes y a la sociedad civil a buscar desde el dialogo y la reflexión la garantía del respeto a la vida y la debida sanción a todo acto que atente contra ella, sanción aplicada siempre desde la verdad de los hechos y con justicia.


MiguelCabrejos Vidarte, O.F.M
Arzobispo de Trujillo
Presidente de la Conferencia Episcopal Peruana


PedroBarreto Jimeno, S.J.
Arzobispo de Huancayo
Presidente de la Comisión Episcopal de Acción Social






















CIDH CONDENA ASESINATO DE LIDER INDIGENA Y DEFENSOR DE DDHH EN COLOMBIA

Escrito por derechoalaverdad 03-08-2010 en General. Comentarios (0)



Washington, D.C. 2 de agosto de 2010 – La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condena enérgicamente el asesinato del líder indígena y defensor de los derechos humanos del pueblo Wayúu de Colombia,  Luis Alfredo Socarras Pimienta. El crímen fue realizado el 27 de julio del 2010 en Riohacha por un sicario que le disparó en la puerta de su casa y luego huyó. Refiere el comunicado de prensa 73/10.


El líder indígena de profesión odontólogo, había liderado, en el curso del año pasado, varias manifestaciones del pueblo Wayúu en protesta por la situación de sus derechos humanos individuales y colectivos, reclamando mejoras en la calidad de vida de sus integrantes; igualmente había participado en dos comicios electorales, como candidato por el partido Polo Democrático Alternativo, a la alcaldía del municipio de Manaure; y había sido el gestor de campañas de atención odontológica a comunidades de la Alta y Media Guajira.


EL PAPEL DE LOS DEFENSORES DE LOS DERECHOS HUMANOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA DEMOCRACIA SOLIDA.-


La CIDH destaca que Socarrás Pimienta era un reconocido líder indígena y defensor de los derechos humanos del pueblo Wayúu. Los ataques contra los líderes rómpen la cohesión de los pueblos indígenas entorno a la defensa de sus derechos humanos y menoscaban su integridad sociocultural. Asimismo, los actos de violencia y otros ataques contra los defensores de los derechos humanos no solamente violan sus garantías individuales en tanto personas, sino también atentan contra el rol fundamental que cumplen en la sociedad, y generan situaciones de indefensión para todas las personas que se benefician de sus labores.


En especial, los atentados contra los defensores de los derechos de los pueblos indígenas cercenan la gestión de protección, garantía y promoción de los derechos humanos de grupos especialmente protegidos por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. La CIDH recuerda que el trabajo de los defensores de derechos humanos es una pieza esencial en la construcción de una democracia sólida y duradera, en el logro pleno del Estado de Derecho, y en la vigéncia de las garantías fundamentales de todo ser humano.

 
La CIDH insta al Estado colombiano investigar el crímen cometido contra el dirigente indígena y pide llevar a la justicia, sancionar a los responsables materiales e intelectuales; así como atender las necesidades de protección y seguridad de los defensores de los derechos de los pueblos indígenas de Colombia para evitar la repetición de crímenes como éste.

 
La CIDH es un órgano principal y autónomo de laOrganización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta dela OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión estáintegrada por siete miembros independientes que se desempeñan en forma personalsin representar a ningún país y que son elegidos por la Asamblea General de laOEA.